Enrique Jonguitud/ Agencia Portátil
Ciudad Victoria, 5 de noviembre.- Cuidar a un adulto mayor, atender a una persona con discapacidad o hacerse cargo de un familiar enfermo es una responsabilidad que en miles de hogares de Tamaulipas se asume sin horarios, remuneración ni reconocimiento, pero esa realidad podría comenzar a cambiar con la creación de un Sistema Estatal de Cuidados, cuya legislación se encuentra pendiente de aprobación definitiva en el Congreso local.
La discusión cobra relevancia este 5 de noviembre, cuando se conmemora el Día Mundial del Cuidador, una fecha que pone atención sobre quienes dedican buena parte de su vida a atender a otras personas, muchas veces sin preparación profesional y con escaso respaldo institucional.
En Tamaulipas, uno de los principales avances legislativos ocurrió el pasado 30 de octubre, cuando el Congreso aprobó reformas constitucionales para reconocer expresamente a las personas adultas mayores como sujetos de derechos y establecer la responsabilidad del Estado de garantizar su bienestar.
El proyecto no se limita a la atención de los adultos mayores, porque también contempla a niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas, sectores que requieren asistencia permanente o acompañamiento para realizar actividades cotidianas y la intención es que estas necesidades no sigan dependiendo exclusivamente de la capacidad económica o disponibilidad de sus familias.
Otro paso se dio en agosto de 2026, cuando la Diputación Permanente aprobó por unanimidad el dictamen de la nueva Ley del Sistema Estatal de Cuidados de Tamaulipas. Sin embargo, la propuesta todavía necesita el aval del pleno del Congreso para convertirse en un marco legal vigente.
Uno de los aspectos que más peso tiene en la iniciativa es el reconocimiento de quienes realizan las tareas de cuidado, particularmente familiares que atienden a personas dependientes sin recibir un salario.
El proyecto contempla servicios gratuitos, capacitación, profesionalización y un padrón estatal para identificar a quienes necesitan respaldo y facilitar posibles apoyos económicos o sociales.
El problema también tiene una marcada dimensión de género: buena parte del trabajo de asistencia dentro de los hogares recae sobre las mujeres, quienes con frecuencia deben reducir sus actividades laborales, educativas o personales para atender a familiares.
La legislación pretende distribuir esa responsabilidad entre el Estado, las familias, la comunidad y el sector privado.
La propuesta plantea que el nuevo sistema comience a funcionar de manera gradual, aprovechando los programas y recursos de las dependencias estatales que ya ofrecen servicios de asistencia, en lugar de crear una estructura burocrática adicional.
