Enrique Jonguitud/ Agencia Portátil
Ciudad Victoria, 31 de agosto.-La violencia entre estudiantes volvió a colocar bajo la lupa a las escuelas de Tamaulipas, luego de que una pelea entre dos adolescentes ocurrida en los sanitarios de la Secundaria Lauro Aguirre, en Tampico, fuera grabada en video y difundida en redes sociales.
Ante este tipo de hechos, la diputada del Partido Acción Nacional, María del Rosario González Flores, planteó que se realicen encuestas de acoso y victimización en las secundarias de los municipios tamaulipecos donde se hayan presentado episodios de violencia entre jóvenes.
La legisladora señaló que contar con información actualizada permitiría identificar los planteles y comunidades donde existen mayores riesgos, además de generar parámetros que permitan medir la frecuencia de las agresiones y evaluar si las acciones de prevención están dando resultados.
«Lo que buscamos es contar con parámetros actualizados y medibles que contribuyan a identificar focos rojos de violencia, así como para articular políticas públicas integrales focalizadas para su atención.»
González Flores advirtió que el caso ocurrido en Tampico podría no ser un hecho aislado, debido a que las situaciones de violencia, humillación y acoso entre estudiantes pueden reflejar conflictos presentes también en los entornos familiares y comunitarios.
La propuesta busca que la Secretaría de Educación de Tamaulipas, junto con la Secretaría de Educación Pública federal, impulse el levantamiento de las encuestas en los municipios donde se hayan registrado eventos de violencia entre las juventudes.
El planteamiento de la legisladora señala que las escuelas deben disponer de herramientas que permitan detectar oportunamente situaciones de riesgo y activar medidas de atención, pues sin mediciones periódicas resulta difícil conocer si la violencia escolar está disminuyendo o aumentando.
La iniciativa fue presentada ante la Legislatura 66 del Congreso de Tamaulipas y plantea utilizar los resultados de las encuestas para identificar focos rojos y orientar políticas públicas específicas en los planteles donde se detecten mayores niveles de acoso o victimización.
