Enrique Jonguitud/ Agencia Portátil
Ciudad Victoria, 5 de agosto.-El Congreso de Tamaulipas recibió un nuevo informe sobre el saldo de la deuda pública directa e indirecta del Gobierno del Estado, correspondiente al 30 de junio de 2026, aunque el documento no detalla públicamente en su contenido los movimientos registrados durante el periodo, fue turnado a la Auditoría Superior del Estado para su revisión.
El reporte fue remitido por el secretario general de Gobierno mediante el oficio número SSG/335/2026, fechado el 3 de agosto de 2026, con información relacionada con la situación de las obligaciones financieras de Tamaulipas al cierre del primer semestre del año.
El documento quedó en manos del Congreso estatal para el procedimiento correspondiente y su revisión por parte de la Auditoría Superior del Estado, por lo que será este proceso el que permita conocer con mayor detalle la evolución de la deuda pública tamaulipeca y las condiciones en que se encuentra al corte del 30 de junio.
Como antecedente, la información disponible hasta el pasado 6 de mayo señalaba que la deuda pública directa de largo plazo de Tamaulipas se ubicaba en aproximadamente 15 mil 072 millones de pesos, después de haber iniciado la actual administración estatal con un saldo cercano a los 15 mil 924 millones de pesos.
En ese momento, el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, señaló que la reducción representaba 852 millones de pesos respecto al monto de deuda heredada de gobiernos anteriores y sostuvo que Tamaulipas se había convertido en la primera administración estatal en reducir el saldo neto de la deuda pública frente a las tres administraciones anteriores.
También se había informado que la deuda per cápita de Tamaulipas era de 4 mil 495 pesos por habitante, la más baja entre los estados de la frontera norte de México, mientras que las participaciones federales comprometidas como garantía representaban 39.5 por ciento.
Asimismo, los reportes de la Secretaría de Finanzas no registraban pasivos significativos, riesgos extraordinarios fuera de balance ni deuda indirecta o de corto plazo activa que comprometa la estabilidad presupuestal del estado.
