Enrique Jonguitud/ Agencia Portátil
Ciudad Victoria, 2 de julio.- En el Congreso del Estado, la diputada de Movimiento Ciudadano, Mayra Benavides Villafranca, presentó una iniciativa para integrar a las juventudes en la elaboración de políticas públicas de vivienda, al señalar que enfrentan crecientes dificultades para acceder a una casa propia.
La legisladora sostuvo que las decisiones en materia habitacional deben considerar de forma directa la voz de las y los jóvenes, al ser uno de los sectores más afectados por el rezago en vivienda. “No concebimos que se tomen decisiones para políticas públicas sin que haya las voces de las juventudes presentes”, expresó.
Benavides Villafranca afirmó que el acceso a la vivienda se ha complicado en los últimos años, por lo que consideró necesario abrir espacios de participación para este sector. “Hoy es más difícil que nunca el acceso a una vivienda digna, en donde aparte puedas acceder a buenos servicios”, señaló.
Esta propuesta surge en un contexto donde el problema de vivienda para los jóvenes en Tamaulipas se divide entre las fallas de infraestructura en zonas vulnerables y la barrera financiera para lograr independizarse de sus familias, dado que los sectores informales o empleos con salarios de entrada bajos no permiten acumular los puntos de Infonavit necesarios.
De acuerdo con las mediciones oficiales del rezago social, entre el 7% y el 9% de las juventudes habita en hogares con deficiencias estructurales graves en techos, muros o pisos. El hacinamiento, definido como más de dos personas por habitación, y las limitaciones en el acceso a drenaje o agua potable persisten como las carencias más críticas en la entidad.
Asimismo, en las zonas urbanas, el valor de la propiedad y los precios de los alquileres han crecido a un ritmo mucho más acelerado que el ingreso real de los nuevos trabajadores, una brecha económica que impide que las personas de 18 a 29 años puedan calificar a créditos bancarios tradicionales o cubrir los altos depósitos iniciales.
Ante esta situación, se han comenzado a proponer y estructurar programas locales de renta social con opción a compra orientados exclusivamente a frenar la exclusión habitacional juvenil, esquemas que buscan ofrecer una alternativa real para facilitar la emancipación económica y garantizar el derecho a un hogar digno dentro del estado.
