Agencia Portátil
26 de mayo de 2026
Cd. Victoria / José Saldaña.– La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno mantiene en curso 24 expedientes de investigación contra servidores públicos, tanto de la administración anterior como de la actual, derivado de denuncias relacionadas con posibles inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales y de intereses.
La titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo, explicó que estos procedimientos se encuentran en una fase de revisión detallada, en la que se contrasta la información presentada por los funcionarios con datos provenientes de diversas instituciones. Subrayó que, de confirmarse irregularidades, los casos serán canalizados a las instancias correspondientes para su seguimiento.
Detalló que las declaraciones patrimoniales son de carácter público, aunque por disposición legal ciertos datos sensibles deben mantenerse bajo resguardo, como domicilios particulares o información de familiares menores de edad. La versión disponible al público, indicó, cumple con estos lineamientos de protección.
Asimismo, señaló que cualquier ciudadano puede consultar la evolución patrimonial de los funcionarios a través del portal oficial, donde se reporta anualmente la situación económica de quienes desempeñan cargos públicos.
Pedraza Melo puntualizó que, en esta etapa, se solicitan datos a registros patrimoniales, instituciones bancarias y otras dependencias para validar la veracidad de lo declarado. “Si detectamos diferencias entre lo reportado y la información oficial, se dará vista a las autoridades competentes, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera”, advirtió.
Como ejemplo, mencionó que la autoridad debe confirmar si los bienes reportados, como propiedades o terrenos, coinciden con los registros formales, a fin de descartar posibles omisiones o falsedades.
En el caso del sector Salud, la funcionaria reconoció que también existen indagatorias abiertas contra ex servidores públicos y funcionarios en activo, relacionadas con presuntas faltas administrativas, algunas de ellas consideradas graves.
Entre las observaciones detectadas, destacó posibles irregularidades en procesos de adquisiciones, donde presuntamente no se habrían cumplido todos los requisitos establecidos por la normativa vigente, lo que ha motivado la apertura de nuevas líneas de investigación.
