Enrique Jonguitud/ Agencia Portátil
Ciudad Victoria, 10 de abril.- La Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas emitió la Recomendación 11/2026 contra la Comisión Estatal de Atención a Víctimas por negar asistencia a un familiar de un interno del penal de Altamira, cuya carpeta de investigación permanece sin avances durante años, situación que lo deja en estado de indefensión.
El organismo señaló que la queja fue presentada el 22 de abril de 2025 por un ciudadano cuyo hijo se encuentra privado de la libertad en el CEDES de Altamira desde el año 2014, y quien lo designó como persona de confianza para revisar el expediente y dar seguimiento a su situación jurídica.
De acuerdo con la investigación, al revisar la carpeta penal el familiar detectó que no existía ningún escrito promovido en favor del interno, ni acciones jurídicas que impulsaran el caso, lo que evidenció una falta de acompañamiento institucional y un abandono en la defensa del afectado.
La Comisión de Derechos Humanos determinó que la omisión vulnera los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, al no brindar asistencia ni impulsar diligencias que permitieran avanzar en la investigación y garantizar la protección de la víctima.
Por ello, la recomendación ordena a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas impulsar activamente la investigación, coadyuvar en la acreditación de la calidad de víctima, solicitar diligencias, promover escritos para evitar dilaciones y, en su caso, solicitar el cierre de la investigación.
Además, el organismo pidió que se realicen las gestiones necesarias para que la víctima sea inscrita en el Registro Estatal de Víctimas y se inicie el procedimiento correspondiente para determinar la procedencia de la reparación del daño, conforme a la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Tamaulipas.
La recomendación también incluye la capacitación de asesores jurídicos para mejorar la asistencia a víctimas del delito, con el fin de evitar que casos similares vuelvan a quedar estancados durante años sin acciones legales que garanticen el acceso a la justicia.
