Enrique Jonguitud/ Agencia Portátil
Ciudad Victoria, 26 de marzo.- El rezago en la atención a la salud mental y la falta de políticas públicas efectivas llevaron al Congreso del Estado a aprobar la Ley para la Atención Integral de la Salud Mental y el Bienestar Psicosocial, con la que se busca revertir años de abandono institucional y atender el crecimiento de problemas emocionales y psicológicos en la población.
Durante la discusión legislativa se reconoció que la salud mental permaneció durante años en segundo plano, sin coordinación entre instituciones y con servicios limitados, lo que generó la necesidad de impulsar un nuevo marco legal que priorice la prevención, la atención oportuna y el respeto a los derechos humanos.
La aprobación del dictamen surgió de la integración de tres iniciativas promovidas por los diputados Armando Javier Zertuche Zuani, Mercedes del Carmen Guillén Vicente y Víctor Manuel García Fuentes, quienes coincidieron en la urgencia de crear una legislación más sólida ante el aumento de padecimientos emocionales y psicológicos.
El dictamen también fue respaldado por legisladores, instituciones y organizaciones civiles que participaron en el análisis y construcción de la nueva normativa, la cual busca colocar a Tamaulipas entre los estados con mayor avance en la atención de la salud mental.
«Este dictamen permite contar en Tamaulipas con un marco jurídico sólido en materia de salud mental y bienestar psicosocial, con una visión integral, moderna y acorde a las necesidades de las y los tamaulipecos», destacó el diputado Armando Zertuche Zuani, durante su intervención.
Durante el debate, los legisladores señalaron que el abandono de la salud mental generó vacíos institucionales y falta de atención, lo que motivó el impulso de la nueva legislación para fortalecer la coordinación entre dependencias y ampliar los servicios.
«La salud mental, tantas veces relegada al silencio y al estigma, se coloca hoy en el centro de nuestra agenda legislativa. Este dictamen nos permite pasar de la improvisación a la prevención, de la dispersión normativa a la coordinación interinstitucional, y del anonimato al reconocimiento pleno de la salud mental como un derecho humano», señaló la diputada Patricia Mireya Saldivar Cano.
Entre las principales disposiciones de la nueva ley destaca la creación del Sistema Estatal de Salud Mental y Bienestar Psicosocial, así como una Unidad Técnica Estatal y un Consejo Estatal de Coordinación, responsables de diseñar políticas públicas, coordinar acciones y supervisar los servicios.
También se contempla la conformación de una Red Estatal de Servicios con distintos niveles de atención, priorizando el modelo comunitario, la continuidad terapéutica y la atención en entornos menos restrictivos para las personas usuarias, además de reconocer derechos como el consentimiento informado, la confidencialidad, la no discriminación y el trato digno.
