Enrique Jonguitud/ Agencia Portátil
Ciudad Victoria, 27 de febrero.-La elegibilidad del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, volvió al centro del debate público luego de que el Congreso local aprobó solicitar información al Instituto Nacional Electoral y a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre su nacionalidad y posibles renuncias a otra ciudadanía.
La diputada Lucero Deosdady Martínez, autora de la propuesta, sostuvo que la Constitución establece límites claros para quienes poseen doble nacionalidad y desean ocupar cargos públicos, por lo que consideró necesario confirmar el cumplimiento de esas disposiciones.
“La transparencia y la certeza jurídica sobre la elegibilidad de quienes aspiran o han ocupado los más altos cargos de elección popular es un pilar fundamental del Estado de Derecho”, señaló.
El Punto de Acuerdo también plantea que el INE remita copia certificada del expediente de registro de candidaturas del ex mandatario, mientras que la SRE deberá informar sobre su estatus de nacionalidad y las constancias de renuncia formuladas conforme a la Ley de Nacionalidad.
“El pueblo de Tamaulipas tiene el derecho a saber si quien dirigió los destinos del estado actuó bajo una lealtad plena a la soberanía nacional o si, ante procesos judiciales vigentes, pretende desconocer sus propios actos de renuncia para buscar refugio o protección en un gobierno extranjero”, resaltó.
En el debate legislativo, la diputada Ana Laura Huerta Valdovinos afirmó que la medida permitirá dar claridad a la ciudadanía sobre la situación jurídica del exgobernador y reforzar la transparencia en el ejercicio del poder.
“La iniciativa que se acaba de presentar no es otra cosa sino darnos claridad en lo que está sucediendo. No podemos decir ahora si soy mexicano, ahora soy de Estados Unidos. Eso es una hipocresía que no debemos dejar pasar, porque quienes nos gobiernan deben estar completamente decididos a ver por los mexicanos”, señaló.
Con esta acción, el Congreso busca despejar dudas sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales para ejercer el cargo y garantizar certeza jurídica sobre quienes han ocupado responsabilidades de alto nivel en el estado.
