Agencia Portátil
Ciudad Victoria, 17 de noviembre.– El Congreso de Tamaulipas inició el análisis de una iniciativa que pretende castigar con cárcel a quienes abandonen a una mujer durante el embarazo, una situación que, según la promovente, afecta a miles de tamaulipecas que quedan sin apoyo económico, emocional o médico.
La propuesta fue presentada por la diputada de Morena, Guillermina Magaly Deandar Robinson, quien planteó que el abandono consciente debe convertirse en un delito. “Será delito cuando sea cometido por quien, teniendo conocimiento del embarazo y contando con los medios para brindar apoyo, decide conscientemente desvincularse y dejar en estado de vulnerabilidad a la mujer a la que ha embarazado”, expuso.
Deandar Robinson señaló que la sanción prevista iría de uno a cinco años de prisión, además de una multa que podría superar los 50 mil pesos. “Se impondrá de uno a cinco años de prisión, y multa de ciento cincuenta a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien resulte culpable”, detalló.
La iniciativa también contempla penas más altas cuando el abandono derive en lesiones o ponga en riesgo la salud de la mujer o del bebé. “Cuando derivado del abandono resulte con lesiones o se haya puesto en riesgo la salud de la mujer embarazada o en riesgo la salud del producto concebido, se podrá incrementar hasta un tercio”, añadió.
La diputada afirmó que muchas mujeres atraviesan el embarazo en soledad, sin apoyo familiar ni económico, lo que las obliga a continuar estudios o trabajos en condiciones adversas, además de enfrentar solas la atención médica y el parto. “Al no tener redes de apoyo, muchas mujeres se ven obligadas a continuar sus estudios o sus trabajos en condiciones adversas”, dijo.
El proyecto también se vincula con otros esfuerzos legislativos relacionados con derechos sexuales y reproductivos, así como con la prevención de violencia en el noviazgo, para disminuir riesgos sociales y económicos que enfrentan las madres en la entidad.
La iniciativa fue turnada a comisiones y seguirá su ruta de análisis antes de ser votada en el Pleno del Congreso.
