Agencia Portátil
Diagnóstico Reservado / José Saldaña.
En un estado como Tamaulipas, donde el huachicol y la inseguridad son pan de cada día, el gobernador Américo Villarreal Anaya ha decidido “innovar” con una idea que parece salida de un manual de populismo trasnochado: lanzar gasolineras con marca propia del gobierno estatal.
La primera estación, ubicada en La Pesca, se presenta como un baluarte de «calidad certificada» y «litros completos», pero ¿quién cree realmente que el Estado, con su historial de ineficiencia y corrupción, pueda competir en el mercado.
El proyecto, anunciado con bombos y platillos, promete hasta 30 estaciones en el primer año, asociándose con privados existentes y explorando modelos cooperativos para «precios accesibles».
Incluso se habla de tecnologías innovadoras, como convertir plásticos reciclados en combustibles más limpios, en colaboración con empresas como Green Bauen. Suena bonito en el papel, pero en la realidad tamaulipeca, donde el contrabando de combustibles desde Estados Unidos florece bajo la nariz de las autoridades, esta iniciativa huele más a distracción que a solución.
Recordemos que Tamaulipas concentra una parte significativa del huachicol en México y en los últimos 18 meses, bajo el mandato de Villarreal, está situación se ha agravado.
En lugar de reforzar la seguridad en carreteras y aduanas –donde pipas y hasta buques enteros descargan gasolina ilegal desde Texas hacia Altamira–, el gobierno opta por meterse al negocio. ¿Coincidencia? Voces críticas en redes de la sociedad no lo creen así.
Peor aún, persisten acusaciones graves que vinculan al propio Villarreal y a figuras de Morena, como Mario Delgado, con redes de contrabando. Investigaciones periodísticas hablan de buques repletos de gasolina ilegal llegando a puertos tamaulipecos, con ganancias destinadas supuestamente a campañas electorales.
Si el gobernador está sentado sobre un «polvorín» de inseguridad, ¿por qué invertir recursos públicos en gasolineras en vez de en combatir el crimen que las amenaza?
Esta aventura estatal no solo distorsiona el mercado –donde Pemex y privados ya luchan por sobrevivir–, sino que abre la puerta a más corrupción.
En un contexto de nepotismo y lujos cuestionados, como el uso de aviones privados por la familia Villarreal, esta iniciativa parece más un capricho político que una política energética seria.
Tamaulipas merece soluciones reales: mayor vigilancia en fronteras y apoyo a gasolineros honestos. En cambio, Villarreal nos ofrece una marca estatal que, probablemente, terminará subsidiada con nuestros impuestos. ¿Hasta cuándo seguiremos pagando por experimentos fallidos?
