Agencia Portátil
Ciudad Victoria, 21 de agosto.–La diputada local de Morena, Yuriria Iturbe Vázquez, presentó una iniciativa legislativa con el objetivo de prohibir de manera expresa los matrimonios forzados en Tamaulipas, mediante la modificación del Código Civil estatal para considerar como impedimento legal aquellos enlaces concertados bajo coerción cultural o familiar.
La propuesta de la legisladora plantea un agregado al artículo 138 del Código Civil del Estado, que incorpora como impedimento para contraer matrimonio los casos en los que la unión haya sido acordada por tradiciones, usos o costumbres que coaccionan la voluntad de una o ambas partes.
Iturbe Vázquez expuso que “el matrimonio debe ser una decisión voluntaria, libre de cualquier tipo de presión, coerción o imposición externa, particularmente aquellas que derivan de normas culturales o prácticas tradicionales que subordinan la voluntad individual al interés colectivo de la familia o la comunidad”.
La diputada recordó que históricamente, los matrimonios arreglados han sido frecuentes en México, donde se realizan sin el consentimiento pleno de una de las partes, principalmente mujeres y niñas, derivando en escenarios de violencia y desigualdad.
El Congreso local recibió la propuesta que busca que las leyes reflejen los principios de una sociedad moderna, democrática y comprometida con los derechos humanos, señalando que “como todas y todos sabemos, el matrimonio es la unión legal entre dos personas que, de forma consciente, deciden compartir sus vidas bajo principios de igualdad, corresponsabilidad y respeto”, dijo.
La diputada también advirtió que, en los últimos años, se ha observado un aumento significativo en las tasas de divorcio, lo que, en su opinión, evidencia la existencia de matrimonios con bases débiles o incluso forzadas, indicando que “tan solo en el Estado de Tamaulipas, durante el año 2023 se registró una alta tasa de divorcios, reflejando una realidad preocupante que no debe ignorarse”.
La reforma propuesta apunta a fortalecer el marco legal para garantizar que el matrimonio sea una decisión libre, consciente y plenamente informada, reconociendo que cualquier tipo de coacción constituye una violación a los derechos humanos.
