Agencia Portátil
Ciudad Victoria, 30 de julio.- Jaime Gudiño Zárate, director del Organismo Cuenca Golfo Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que 21 familias que habitan en el cauce del río San Marcos ya fueron notificadas para desalojar la zona. El proceso incluye visitas administrativas que buscan prevenir riesgos y recuperar el espacio federal invadido por construcciones irregulares.
El funcionario explicó que aún faltan seis notificaciones por entregar, correspondientes a viviendas localizadas no sólo en la zona federal, sino dentro del cauce mismo, lo que representa un grave riesgo en total serán 28 casas que tendrán que derrumbarse.
Señaló que esta situación se originó por la permisividad de años anteriores, pero subrayó que debe corregirse de inmediato.Gudiño Zárate aseguró que el proceso forma parte de un esfuerzo integral que incluye también el saneamiento del río y la eliminación de descargas de aguas residuales.
En ese sentido, expuso la Conagua trabaja coordinadamente con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) para mantener operativa la planta de tratamiento y garantizar que no haya vertimientos al río.
Gudiño Zárate detalló que el procedimiento se rige por la ley, por lo que a los ocupantes se les otorgan cinco días para presentar documentos que acrediten legalmente la posesión del terreno. Si no se comprueba la propiedad, el proceso sigue su curso hasta la recuperación del área. Indicó que en algunos casos se han presentado cartas poder sin valor legal.
Habitantes de la zona revelaron que han recibido advertencias sobre el posible uso de maquinaria pesada para derribar las viviendas en caso de que no se acaten las notificaciones. Afirmaron también que algunas familias han vivido ahí por décadas y que el temor a perder su patrimonio ha generado tensión en el sector.
Las autoridades identificaron más de 90 familias asentadas a lo largo del margen del río San Marcos. En varios domicilios ya se han colocado acordonamientos y sellos de clausura como parte del operativo. El proceso busca evitar tragedias durante la temporada de lluvias y garantizar la seguridad de quienes habitan en zonas de alto riesgo.
