Agencia Portátil
Diagnosticó Reservado / José Saldaña.
La reciente extinción del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas (ITAIT) representa un retroceso alarmante en la vida democrática del estado.
En un contexto nacional donde el acceso a la información ha sido una herramienta clave para la participación ciudadana, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas, la desaparición de este órgano no solo es preocupante: es una señal clara de debilitamiento institucional.
El argumento oficial para su desaparición ha sido, como en muchos otros casos, la supuesta necesidad de “austeridad” y “reingeniería administrativa”.
Sin embargo, estos pretextos resultan insuficientes cuando se contrastan con las consecuencias reales: el apagón deliberado de una de las pocas instancias que permitía a los ciudadanos vigilar a sus gobernantes.
El ITAIT no era perfecto, pero era un contrapeso incómodo para quienes prefieren operar en la opacidad.
Esta medida debe verse dentro de un contexto más amplio de erosión sistemática de organismos autónomos en todo el país.
La narrativa de que son onerosos, ineficientes o duplican funciones ha servido como justificación para socavar su existencia. Pero lo que se omite es que, sin estos órganos, los ciudadanos quedan desprotegidos ante abusos de poder y corrupción.
¿Quién exigirá ahora las declaraciones patrimoniales, los contratos públicos, las licitaciones o el uso de recursos públicos en Tamaulipas?
Los efectos ya comienzan a sentirse. Periodistas, académicos, organizaciones civiles y ciudadanos comunes enfrentan cada vez más dificultades para obtener información básica. Se limita así su capacidad para cuestionar, denunciar o simplemente conocer lo que hacen sus autoridades. La opacidad no solo crece, sino que se institucionaliza.
Llama la atención el silencio cómplice de muchos actores políticos y sociales ante este atropello. Pocos han alzado la voz para defender al ITAIT, quizás por miedo, desinterés o incluso por conveniencia. Lo cierto es que la transparencia no suele ser prioridad para quienes ocupan el poder, sino una molestia que hay que contener.
La pregunta ahora es: ¿qué sigue? ¿Se trasladarán las funciones del ITAIT a otra instancia o simplemente quedarán en el limbo? ¿Se garantizará el derecho constitucional al acceso a la información o se diluirá entre trámites burocráticos y pretextos legales? La sociedad tamaulipeca merece respuestas claras, pero sobre todo, merece garantías reales de que podrá seguir ejerciendo su derecho a saber.
Extinguir un instituto como el ITAIT no es solo cerrar una oficina. Es desmantelar una trinchera ciudadana. Es dar un paso atrás en el largo camino hacia la democracia participativa. Y si no hay una reacción firme y decidida desde la ciudadanía, corremos el riesgo de que esta no sea la última institución en caer. Porque donde muere la transparencia, nace la impunidad.
