Enrique Jonguitud/ Agencia Portátil
Ciudad Victoria, 19 de mayo.-Diputadas de Morena, cuya profesión es la docencia, proponen añadir un capítulo a la Ley de Educación del Estado, para proteger a los maestros y maestras de Tamaulipas de acoso y agresiones de padres y alumnos.
Yuriria Iturbe Vázquez y Francisca Castro Armenta, diputadas locales presentaron la iniciativa
orientadas a proteger integralmente al personal docente y administrativo frente a situaciones de acoso en el entorno escolar.
La diputada Yuriria Iturbe Vázquez señaló que se trata de una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un capítulo a la Ley de Educación, titulado “De la Protección Integral de las y los Maestros”.
Explicó que con así se van a establecer medidas concretas para prevenir, atender y sancionar actos de violencia contra el personal docente, además de dar herramientas pedagógicas e institucionales que fortalezcan su desempeño en entornos seguros.
“Estoy segura de que, al promover el bienestar emocional y laboral de las y los docentes, mejorará su desempeño, su motivación, su calidad educativa, ya que podrán concentrarse en su labor sin temor a represalias o agresiones”, expresó Iturbe Vázquez.
Esto porque, aunque en Tamaulipas no se han documentado este tipo de agresiones, en otros estados del país alumnos y padres de familia han amenazado o agredido a maestros y maestras inconformes por algún castigo o alguna baja calificación.
Por su parte, la diputada Francisca Castro Armenta presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar del Estado de Tamaulipas, incorporando el reconocimiento expreso de docentes y personal administrativo como posibles víctimas de acoso escolar.
Entre otras disposiciones, la propuesta contempla el derecho a presentar denuncias, recibir atención médica, psicológica y jurídica inmediata, así como la posibilidad de ser reubicados a otro plantel cuando las circunstancias lo requieran.
Ambas legisladoras citaron informes de la UNESCO y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que advierten sobre el aumento de la violencia contra el personal educativo. En particular, un estudio reveló que 7 de cada 10 escuelas en el país reportan incidentes graves, y más de la mitad de las y los docentes manifiestan sentirse inseguros en su lugar de trabajo.
Las iniciativas quedaron pendientes de ser dictaminadas en comisiones y, posteriormente, ser votadas en el pleno del Congreso local.
