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México, 20 de agosto.- Jesús Murillo Karam, estudió para abogado en la Universidad Autónoma de Hidalgo.
Desde el 4 de diciembre de 2012, fue el procurador general de la República, hasta que dejó el cargo en 2018.
Es un Político del Partido Revolucionario Institucional.
En 2006 fue electo senador de la República por el estado de Hidalgo, y fungió como presidente de la Comisión de Gobernación. En febrero de 2007, se desempeñó como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en fórmula con Beatriz Paredes.
Con el PRI fue funcionario y delegado n diversas entidades del país, en estados como Durango, Oaxaca, Chiapas y el Estado de México. Además fue responsable de la coordinación de las Asambleas Nacionales XVIII y XX de ese partido; secretario general del Comité Ejecutivo Nacional en tres ocasiones; secretario técnico del Consejo Político Nacional; y representante del PRI ante el Instituto Federal Electoral, entre otros cargos.
En septiembre de 2012 fue diputado federal y fungió como presidente de la Mesa directiva de la Cámara de Diputados en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.
Ya como procurador, en marzo de 2013, afirmaba que las mejoras en las condiciones de seguridad que ofreció el presidente Enrique Peña Nieto serían efectivas sólo cuando la gente las sientiera, y las instituciones las puedan medir.
“En primer lugar es que nosotros estemos seguros de que ya bajó, y eso lo podemos sentir en el momento que pueda permitir que su familia, sus amigos, puedan salir a la calle con mayor certeza de que no van a ser dañados o asaltados, ese sin duda será el sistema que valga, de la seguridad que cada uno de nosotros sienta.
Como procurador General de la República indicó que las autoridades encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia deberían afinar los mecanismos de medición de los índices delictivos.
“Con una atención más profunda, más científica, más ordenada, más organizada, más coordinada entre todas las fuerzas que tienen que actuar, podamos realmente empezar a dar resultados.
Pasaron los meses y la. percepción de la gente no cambió, y por el contrario, tuvo que enfrentar el caso Ayotzinapa.
En 2014, ante la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa, por policías municipales relacionados con el crimen organizado y ante los cuestionamientos de la prensa, por la falta de avances, resultados comprobables y conclusiones ilógicas en las investigaciones, expresó «Ya me cansé», por lo que se hizo más famoso.
Cuarenta y tres días después, la Procuraduría General de la República informó lo ocurrido a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. El relato elaborado por Jesús Murillo Karam a partir de las declaraciones de tres miembros de los Guerreros Unidos sonaba verosímil; confirmaba lo que se daba por hecho. Los normalistas fueron secuestrados por policías municipales, entregados a la banda criminal, torturados y asesinados en el infierno del tiradero municipal de Cocula.
Eso dijo informó en aquella ocasión.
Pese al esfuerzo narrativo sustentado en elementos sólidos, el titular de la PGR no convenció, por el contrario, ofreció un lema a la protesta. El #YaMeCansé, deslizado al final de la conferencia de prensa, en referencia al acoso de los reporteros, fue interpretado como una falta de respeto a la tragedia.
En carteles y mantas, en las calles y redes sociales, el #YaMeCanse se hizo popular. Significaba hartazgo, encono y reclamo.
El 7 de septiembre de 2015, el entonces coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, comentó que la actuación de Murillo Karam en el caso Iguala había sido contraria a la administración de justicia.
El 25 de septiembre de 2015, diputados del PRD demandaron juicio político contra el extitular de la PGR bajo los argumentos de violaciones graves a la ley durante la investigación que encabezó por la desaparición de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa.
El proceso que inició entonces, no se detuvo.
Hoy fue detenido por la FGR bajo los probables delitos de ocultamiento de la verdad del caso de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, además del uso de la institución en actos delictivos, su responsabilidad en violaciones graves a derechos humanos, incluida tortura, y el entorpecimiento de las investigaciones
