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CIUDAD VICTORIA, 14 de septiembre.-Hasta seis años de prisión será el castigo para quienes ofrezcan servicios educativos a través de escuelas “piratas”, de acuerdo a un decreto aprobado en días pasados por el Congreso de Tamaulipas.
La legislatura local determinó agregar al Código Penal para el Estado un capítulo denominado “Impartición Ilícita de Educación”, para endurecer las penas a la educación considerada apócrifa. Incluyendo el castigo si se dan clases cuando el permiso oficial se encuentre en trámite.
Las reformas también prevén la imposición de una multa de 500 a mil veces del valor de la Unidad de Medida de Actualización, así como también si en dicho delito interviene cualquier servidor público la pena aplicable se aumentará de una a dos terceras partes imponiendo además la destitución e inhabilitación de 5 a 10 años para desempeñar algún cargo públicos.
En el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado se advierte que no será motivo para librarse de la responsabilidad si la referida autorización o reconocimiento de validez oficial se encuentra en trámite.
Con ello quedó establecido que “al que preste servicios educativos que conforme a la Ley requieren autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y no los haya obtenido, se le impondrá una sanción de tres a seis años de prisión y multa de quinientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.
