Agencia Portátil
Ciudad Victoria, 31 de mayo.-La diputada federal de Morena, Coyolxauhqui Soria Morales, propuso en la Comisión Permanente reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para evitar cubrir el rostro o los ojos, así como distorsionar la imagen de presuntos responsables de la comisión de algún delito, al momento de presentarlos a los medios de comunicación, excepto cuando se trate de menores de edad.
En la exposición de motivos de su iniciativa, la legisladora argumenta que ahora «se ha dado indebidamente una modalidad o práctica por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), así como de los gobiernos estatales y de los medios de comunicación de cubrir el rostro, distorsionar la imagen o poner una cintilla en los ojos de los imputados, sustentada indebidamente en la presunción de inocencia como un derecho del imputado dentro del debido proceso».
La morenista aclara que en el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política, no se ordena explícita ni implícitamente distorsionar, tapar o cubrir el rostro o los ojos del imputado.
Sostiene que la presunción de inocencia no se hace efectiva con esto, porque su integridad no se resguarda así, sino con el respeto a sus derechos humanos como presuntos responsables de un delito.
Advirtió que estas restricciones atentan contra el derecho de las víctimas, pues impiden el reconocimiento de el o los presuntos responsables.
Soria Morales subraya que esta no es una regla derivada de la Constitución Política, del Código Penal o del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que la FGR, los gobiernos estatales y los medios de comunicación no tienen ningún impedimento legal para mostrar el rostro y el nombre de la presunta o el presunto delincuente, con la única condición de colocar en la imagen la leyenda «probable responsable».
La diputada de Morena remarca en su iniciativa que no hay un verdadero Estado de derecho en el debido proceso si se deja en desamparo a la víctima de un delincuente, al no poderlo identificar para que haga frente a la obligación de responder por los ilícitos cometidos.
