Agencia Portátil
MEXICALI, 14 de julio.-La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, enfrenta una nueva presión política luego de la difusión de audios en los que presuntamente sostiene conversaciones con personas que se presentaron como intermediarios de autoridades de Estados Unidos, situación que abrió un debate sobre el contenido de esos encuentros.
La mandataria estatal reconoció que tuvo comunicación con dichos interlocutores, aunque señaló que nunca acreditaron formalmente representar al gobierno estadounidense. Explicó que los acercamientos estuvieron relacionados con temas de seguridad y cooperación institucional entre México y Estados Unidos.
La difusión de las grabaciones generó cuestionamientos de sectores de oposición, quienes solicitaron aclaraciones sobre el contenido de las conversaciones y pidieron que se investigue si existió algún manejo irregular de información relacionada con las funciones de la administración estatal.
Ante la polémica, Marina del Pilar afirmó que su gobierno ha actuado siempre dentro del marco legal y que los trabajos de coordinación en materia de seguridad se han realizado mediante los canales institucionales correspondientes.
Desde el ámbito federal, funcionarios y dirigentes de Morena expresaron respaldo a la gobernadora y señalaron que hasta el momento no existe evidencia pública de alguna conducta ilegal derivada de los audios difundidos.
El caso se suma a la controversia generada semanas atrás por la situación relacionada con la cancelación de la visa estadounidense de la gobernadora y su esposo, asunto que también provocó diversas reacciones políticas en Baja California y a nivel nacional.
La administración estatal enfrenta ahora el reto de contener el impacto político del escándalo, mientras continúan las exigencias de información y las críticas de sus opositores sobre la relación de la mandataria con presuntos representantes extranjeros.
