Agencia Portátil
Diagnóstico Reservado / José Saldaña
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha encendido las alarmas políticas con su propuesta de reforma electoral, presentada como un pilar de su «segundo piso de la Cuarta Transformación».
A través de la creación de una Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez, la mandataria promete una transformación profunda del sistema político-electoral mexicano, con el supuesto objetivo de fortalecer la democracia y devolver el poder al pueblo. Sin embargo, esta iniciativa podría estar más orientada a consolidar el control de Morena que a garantizar una democracia plural y robusta.
El núcleo de la reforma, anunciada en el marco de los «100 compromisos» de Sheinbaum, incluye propuestas que suenan atractivas a primera vista: reducir el costo de las elecciones, disminuir el financiamiento a partidos políticos y eliminar las diputaciones y senadurías plurinominales.
La presidenta ha insistido en que el gasto electoral, como los 8 mil millones de pesos destinados a las elecciones judiciales de 2024, es excesivo, y que optimizar recursos permitirá priorizar necesidades sociales como la salud o la educación. Pero detrás de este discurso de austeridad se esconden riesgos significativos para la pluralidad democrática.
La eliminación de los plurinominales, por ejemplo, es un punto particularmente controversial. Estas figuras, diseñadas para garantizar la representación proporcional de partidos pequeños, han sido clave para equilibrar el poder en el Congreso y dar voz a minorías políticas. Suprimirlas beneficiaría desproporcionadamente a Morena, que ya domina el panorama electoral con su maquinaria política y una base de apoyo consolidada.
¿Es esto una apuesta por una democracia más directa, como argumenta Sheinbaum, o un intento de minimizar la competencia política? La respuesta parece inclinarse hacia lo segundo, especialmente cuando la reforma se impulsa desde una comisión presidencial que carece de representantes de la oposición o del Instituto Nacional Electoral (INE) con derecho a voto.
La composición de la Comisión Presidencial, liderada por Pablo Gómez y repleta de figuras cercanas al oficialismo como Rosa Icela Rodríguez y Ernestina Godoy, despierta sospechas sobre su imparcialidad.
Aunque Sheinbaum asegura que el proceso será inclusivo, con foros ciudadanos y plataformas digitales, la ausencia de pluralidad en el diseño inicial de la reforma sugiere un ejercicio más bien controlado. La experiencia de Gómez, un histórico de la izquierda y aliado de la 4T, es innegable, pero su nombramiento refuerza la percepción de que esta reforma busca alinear el sistema electoral con los intereses del partido en el Poder.
Otro aspecto preocupante es la propuesta de reducir el presupuesto del INE y ajustar su estructura, incluyendo la posible elección popular de consejeros electorales.
Si bien Sheinbaum insiste en que el INE seguirá siendo autónomo, estas modificaciones podrían debilitar su capacidad operativa y su independencia. La crítica de la presidenta a los consejeros del INE, a quienes acusó de extralimitarse al cuestionar irregularidades en las elecciones judiciales de 2025, revela una incomodidad con los contrapesos institucionales. Este episodio, sumado a la retórica de «democratización» que evoca los fraudes electorales del pasado, parece más una estrategia para deslegitimar al INE que un esfuerzo genuino por fortalecerlo.
La oposición no ha tardado en reaccionar. Figuras como Ricardo Anaya del PAN y Alejandro Moreno del PRI han calificado la reforma como un intento de establecer un régimen autoritario y debilitar los balances democráticos. Incluso aliados de Morena, como el Partido Verde, han expresado reticencias ante la eliminación de plurinominales, conscientes de que su propia representación podría verse afectada.
Estas críticas no son meras posturas partidistas: exconsejeros del INE como José Woldenberg y Lorenzo Córdova han advertido que la reforma podría cerrar la competencia política y concentrar el poder en el Ejecutivo.
Sheinbaum ha intentado apaciguar las críticas asegurando que la reforma no se aplicará en las elecciones de 2027 y que el proceso será transparente e incluyente. Sin embargo, la narrativa de «el pueblo decide» choca con la realidad de un proceso liderado desde Palacio Nacional, donde el diálogo parece más un monólogo controlado por el oficialismo.
La referencia constante a episodios como el fraude electoral de 2006, aunque efectiva para conectar con el sentir popular, desvía la atención de los riesgos actuales: una reforma que, en nombre de la austeridad y la participación ciudadana, podría erosionar los pilares de una democracia que costó décadas construir.
El desafío para Sheinbaum será demostrar que su reforma busca genuinamente fortalecer la democracia y no perpetuar el dominio de Morena. Para ello, necesitará abrir espacios reales de diálogo con la oposición, la sociedad civil y el INE, garantizando que las propuestas no se limiten a los intereses de su partido.
De lo contrario, esta iniciativa, lejos de consolidar la democracia, podría convertirse en un paso hacia la centralización del poder, recordándonos que las buenas intenciones no siempre garantizan buenos resultados.
México merece una reforma electoral que amplifique las voces de todos, no que silencie a los que no comulgan con el proyecto de la 4T.
La democracia mexicana, construida con luchas históricas, no puede permitirse retrocesos. Es hora de exigir un debate verdaderamente plural, donde el poder del pueblo no sea solo un eslogan, sino una realidad tangible.
