Agencia Portátil
CIUDAD VICTORIA, 12 de diciembre. – La administración estatal de Américo Villarreal Anaya, presentó 18 denuncias penales contra ex funcionarios del gobierno que causaron daño al erario público por al menos 500 millones de pesos.
En conferencia de prensa, dijo que al concluir los 60 días del proceso de entrega-recepción, al menos 35 ex funcionarios, entre ellos secretarios del gabinete, estarían implicados en los desfalcos.
«Desde que se inició el proceso, sabíamos que existían irregularidades y ahora que concluimos nos permiten tener un balance real y tangible», sostuvo.
Villarreal Anaya subrayó que las denuncias incluyen a la Secretaría de Bienestar Social que encabezó Yahleel Abdala Carmona , no comprobaron la entrega de más de 480 mil despensas con un valor de más de 124 millones de pesos.
Además detectaron la falta de comprobación por el gasto de más 235 millones de pesos, por el concepto de la ejecución del programa generación del cambio y bienestar social.
Explicó que los ex funcionarios responsables fueron señalados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por los delitos de peculado, coalición de servicios públicos y uso ilícito de atribuciones.
El gobernador de Tamaulipas dijo que en la Secretaría de Obras Públicas, que encabezó Cecilia del Alto, se detectaron adjudicaciones indebidas de obras y simulación de contratos con delito de abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y facultades del ejercicio abusivo de funciones.
Además en la Secretaría de Salud, que encabezó Gloria Molina, se llevaron hasta laptops, tabletas y equipo de impresión.
En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se encontraron contratos de arrendamiento con familiares de los funcionarios.
«Es importante precisar que estas denuncias corresponden a los hallazgos identificados en esta primera revisión, sin embargo, se realizan auditorías para detectar la eventual configuración de otras conductas delictivas», refirió el gobernador.
Villarreal Anaya apuntó “no vamos a descansar hasta agotar todas las instancias legales para que aquellos que saquearon el Estado reciban un castigo con todo el peso de la ley”.
