Agencia Portátil
México, 30 de agosto.- Entre el 1° y el 25 de agosto de 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó a nueve proveedores del Sector Salud con base en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, vigente al momento de los hechos, que castiga las acciones de simulación y evasión de reglas para obtener ventajas y beneficios en las contrataciones públicas, ya que afectaron la competencia en los procesos de licitación de la Administración Pública Federal (APF).
El Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) impuso inhabilitaciones para que las dependencias y entidades, las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, se abstengan de aceptar propuestas o celebrar contratos con las compañías. Además, les impuso sanciones económicas que suman 902 millones 187 mil pesos.
De acuerdo con las denuncias recibidas entre 2015 y 2021, en las adjudicaciones de ocho servicios integrales en el ISSSTE, participaron diversas empresas que, presuntamente, se ponían de acuerdo para beneficiarse entre ellas y acordaban repartirse cada una de las partidas en los procedimientos de contratación relacionados con los servicios de análisis clínicos y banco de sangre, lo cual resultó en una ventaja y beneficio indebido para éstas.
Las empresas sancionadas con 100 millones 243 mil pesos e inhabilitaciones de 7 años cada una son:
- Centrum Promotora Internacional, S.A. de C.V.
- Instrumentos y Equipos Falcon, S.A., de C.V.
- Impromed, S.A. de C.V.
- Valtrum, S.A. de C.V.
- Selecciones Médicas, S.A. de C.V.
- Servicios de Mínima Invasión, S.A. de C.V.
- Proyectos en Procesos de Recursos Humanos, S.A. de C.V.
- DAI Servicios S.A. de C.V.
- SERVAD Promo Asistencial S.A. de C.V.
Las conductas sancionadas han provocado afectaciones a la libre participación, transparencia, igualdad y mejores condiciones para el Estado, en particular, para las personas derechohabientes del ISSSTE.
Las empresas aún pueden imponer los medios de defensa que a su derecho convengan. La SFP, en el marco del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión 2019-2024, salvaguarda las reglas que rigen las contrataciones públicas.
